En primera instancia, el Decimoctavo Juzgado Civil de Santiago había condenad a la concesionaria pagar $4.360.000 por la pérdida de valor del vehículo, pero rechazó la indemnización solicitada por el sufrimiento emocional. Ambas partes apelaron esa decisión.

La demandante sostuvo que el tribunal no explicó suficientemente por qué rechazó el daño moral. Afirmó que los documentos presentados y las declaraciones de tres testigos permitían demostrar el impacto emocional que le provocó el accidente. También consideró insuficiente la suma concedida por la pérdida de valor del automóvil.

El accidente ocurrió durante la madrugada del 12 de octubre de 2020, en el kilómetro 490 de la Ruta 5 Norte, entre La Serena y Vallenar. El vehículo de la demandante chocó frontalmente contra un caballo que estaba en la calzada. No se discutió que el hecho ocurrió en una ruta cuya explotación correspondía a la empresa demandada.

Al analizar el daño moral, la Corte consideró que fue un accidente grave que pudo causar lesiones severas o incluso la muerte de las ocupantes del automóvil.

El tribunal destacó que la colisión ocurrió de madrugada, en un lugar solitario y con poca iluminación. Esas condiciones generaron una especial sensación de desamparo y angustia para la demandante y la mujer que la acompañaba.

La sentencia aplicó una perspectiva de género y señaló que dos mujeres solas en una carretera, durante la madrugada, podían encontrarse expuestas a riesgos adicionales.

También consideró el sufrimiento del caballo, que permaneció agonizando durante un tiempo prolongado. Según la Corte, presenciar esa situación podía producir un impacto emocional importante.

La Corte explicó que el daño moral puede acreditarse mediante presunciones, es decir, a partir de hechos conocidos que permiten deducir razonablemente la existencia de sufrimiento o trauma.

En este caso, la gravedad del accidente, el horario, la soledad del lugar, el riesgo vivido por las ocupantes y la agonía del animal permitían concluir, de acuerdo con la lógica, el sentido común y la experiencia, que la demandante sufrió un perjuicio emocional.

A esos antecedentes se sumaron las declaraciones de tres testigos, quienes coincidieron en los aspectos principales de sus relatos. Con esas pruebas, la Corte tuvo por demostrado el daño moral.

El tribunal reconoció que fijar una suma de dinero por este tipo de daño es una tarea compleja. Estimó que las circunstancias fueron atemorizantes y desagradables, aunque no alcanzaron un nivel extremo ni necesariamente provocarían consecuencias permanentes en la salud mental de la afectada.

Por ello, fijó prudencialmente la indemnización por daño moral en $5 millones.

La Corte rechazó, en cambio, la indemnización solicitada por la pérdida de valor del vehículo. Señaló que la demandante no presentó documentos suficientes para acreditar cuánto valía comercialmente el automóvil al momento del accidente, ni acompañó su tasación fiscal.

El tribunal explicó que las cotizaciones de reparación no servían para demostrar la desvalorización del automóvil, porque la demandante no reclamaba el costo de arreglarlo y reconoció que lo había vendido sin repararlo.

Aunque el contrato de compraventa mencionaba una tasación, esa información no estaba respaldada por los registros del Servicio de Impuestos Internos. Tampoco se acreditó que el comprador hubiera pagado efectivamente el precio indicado, ni este compareció como testigo. Por falta de pruebas, la Corte rechazó el daño emergente.

La concesionaria también apeló y pidió que se rechazara completamente la demanda. Sostuvo que no había infringido la Ley de Tránsito ni las normas sobre concesiones, que se le estaba atribuyendo una responsabilidad objetiva y que las pruebas no habían sido valoradas correctamente.

La Corte desestimó esos argumentos. Explicó que la Ley de Concesiones obliga a las empresas a mantener las rutas, accesos,

Fuente: DiarioConstitucional.cl